TRUMP VS CALIFORNIA

La batalla por la protección de los inmigrantes sin papeles se verá en los tribunales. El Gobierno de Estados Unidos ha demandado al estado de California por poner en marcha leyes llamadas de santuario que evitan la colaboración de las administraciones públicas con la policía federal de inmigración. Se trata del enfrentamiento más grave hasta el momento entre el Gobierno de Donald Trump y el estado más poblado del país, convertido en epicentro de la resistencia institucional  a todas las iniciativas del presidente.

 La demanda puede acabar siendo el caso definitivo donde se dirima cuál es el papel de las administraciones locales y estatales en la política de inmigr

ación. La inmigración es una competencia federal, y la policía que persigue a los indocumentados (ICE, por sus siglas en inglés), depende de Washington. Pero en un país con al menos 11 millones de personas indocumentadas la capacidad de detener y deportar de estos agentes es muy limitada. Para echar a todos los indocumentados del país, como había prometido, el Gobierno de Trump dijo desde el principio que exigía la colaboración de todas las policías locales  y estatales, que tienen las competencias de seguridad y las bases de datos clave. Y desde el día uno, las policías de la mayoría de las grandes ciudades del país se han negado a esa colaboración.

 El Departamento de Justicia pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicación de estas leyes y, en último término, las anule. El Gobierno basa su argumentación en la llamada cláusula de supremacía. Así se conoce el segundo párrafo del Artículo VI de la Constitución de EE UU, que afirma la supremacía de la ley federal y la Constitución sobre las leyes de los estados. Las leyes en cuestión “tienen el propósito y el efecto de hacer más difícil a los agentes federales de inmigración cumplir con su obligación en California”.